El embarazo adolescente continúa siendo un importante desafío en el Perú. Según datos de la ENDES 2025 difundidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez, una reducción frente al 8,4% registrado en 2024. Sin embargo, la realidad cambia significativamente según el lugar de residencia: en las zonas rurales, la proporción llega al 16,3%, mientras que en las áreas urbanas es de 5,4%.
La brecha también se refleja en la Amazonía, donde el porcentaje alcanza el 14,6%, casi el doble del promedio nacional. El panorama resulta especialmente preocupante porque, de acuerdo con el UNFPA, alrededor de tres de cada cuatro embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años no fueron intencionales.
Uno de los datos más graves corresponde a las niñas de 10 a 14 años. En 2025, alrededor de 1.906 niñas de este grupo de edad dieron a luz en el país, lo que equivale a aproximadamente cinco cada día. El UNFPA señala que, en menores de 14 años, el embarazo es consecuencia de violencia sexual y requiere una respuesta integral de salud, protección y justicia.
El impacto no se limita a la salud. El embarazo y la maternidad temprana pueden afectar la continuidad educativa y las oportunidades laborales futuras. Un estudio citado por el UNFPA encontró que quienes son madres o padres durante esta etapa tienen una menor probabilidad de concluir la secundaria. Además, en 2025, el 15,3% de las muertes maternas en el Perú correspondió a adolescentes menores de 19 años.
En regiones amazónicas como Loreto, el problema ha sido identificado como una prioridad. El Gobierno Regional viene desarrollando acciones orientadas a fortalecer el acceso de adolescentes y jóvenes a información y servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en poblaciones vulnerables.
Aunque los indicadores nacionales muestran una reducción, las cifras evidencian que todavía existen grandes diferencias vinculadas al territorio, el acceso a educación e información, los servicios de salud y la protección frente a la violencia. Para el UNFPA, la prevención requiere una respuesta articulada entre los sectores de salud, educación, justicia y protección.
